Bitcoin es resistente a la censura y a tu gobierno no le gusta

La blockchain de Bitcoin tiene cinco características que la hacen fuerte: puede ser auditada por cualquiera; no conoce las fronteras; es distribuida (no tiene puntos centrales que puedan ser atacados); es neutral, lo que significa que todos los participantes son iguales, no discrimina y es resistente a la censura.

Un dinero que no puede ser censurado es un dinero libre, que no admite reguladores que pongan coto a su alcance. Es la versión digital del pago en efectivo

Esto, en su simplicidad, es un cambio de paradigma importante. ¿Cuántas causas justas vieron su labor interrumpida por las acciones de gobiernos hostiles? Podríamos citar el caso de WikiLeaks como el más emblemático, pero más recientemente están los ejemplos de la resistencia a los talibanes en Afganistán, los refugiados de la guerra de Ucrania, las ONG Iraquíes y tantos otros. Estas causas encontraron en Bitcoin un medio efectivo para obtener financiamiento, y además, pudieron continuar su trabajo desde el anonimato.

Un dinero incensurable devuelve el poder a las personas y le pone coto a la autoridad, obligándola a negociar espacios o a renunciar a ellos.

Pero no todo es color de rosa. La imposibilidad de censurar transacciones deja a Bitcoin libre para fluir, incluyendo causas no tan justas. Sin embargo, dejar a la discrecionalidad de unos pocos la posibilidad de recibir o no la criptomoneda, abre las puertas al despotismo y la opresión.

Bitcoin no discrimina. Como la herramienta de soberanía que es, deja a los usuarios la responsabilidad de hacer el bien o el mal. Y es esa libertad la que no le gusta a los gobiernos.

En el estado actual de las cosas, es prerrogativa de las autoridades congelar fondos, confiscarlos y/o redirigirlos a sus arcas. La mayoría de los gobiernos se reserva la posibilidad de apropiarse de los bienes incautados en el curso de investigaciones delictivas. Todo bien ¿no? ¿Es justo que el dinero producto del tráfico de drogas, por ejemplo, pase al Estado una vez que los jueces establecen la existencia del delito?

Bueno, no tanto. En un país donde la homosexualidad, la educación o posesión de bienes por parte de las mujeres, la labor de las ONG que cuidan los derechos humanos son ilegales, por ejemplo, el gobierno tiene derecho, no solo a encarcelar, sino también, a confiscar propiedades. 

La autonomía económica, la posibilidad de hacer activismo y las organizaciones que oponen resistencia a autoridades y leyes injustas no debería depender de la discrecionalidad de esas mismas autoridades.

En un mundo hipervigilado queda del lado del individuo usar todas las herramientas para conservar la autonomía. Para eso se creó Bitcoin.

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